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PSOE y Sumar acuerdan 'in extremis' dividir las medidas de vivienda en dos decretos
Fecha Publicación: 29/09/2026
 
Sobre la bocina y tras un nuevo ejercicio de equilibrismo político, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el Consejo de Ministros de este martes para dividir finalmente las medidas en materia de vivienda en dos reales decretos ley de modo que, al menos, uno de ellos tenga más fácil su convalidación en el Congreso.

Ambos partidos mantenían conversaciones contra reloj para aunar un texto que pueda conjugar las exigencias divergentes de sus socios de investidura, desde Junts a Podemos, para que la iniciativa no vuelva a estrellarse en la Cámara baja pero llegaron divididos a la reunión en Moncloa, que empezó una hora tarde. A falta de conocerse el texto final, el borrador del paquete de medidas incluye, entre otras, la prórroga de los alquileres, prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda o bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler. Ahora serán, en cambio, dos decretos, aunque no se conoce el detalle de ambos.

El principal escollo, explican fuentes del Gobierno, era la exigencia de Sumar de incluir la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos. "Los partidos de Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos", confirmaban fuentes del partido de Yolanda Díaz tras producirse el acuerdo, sin dar más detalles.

Junts, cuyos votos son clave para que la iniciativa prospere, acusa al Ejecutivo de dar un volantazo de última hora y romper el preacuerdo al que habían llegado. La formación nacionalista cree que una prohibición generalizada de los desahucios perjudica a los pequeños propietarios. Una cuestión que les llevó a votar en contra de otro real decreto similar en mayo, que acabó tumbado en el Congreso.

De hecho, el borrador del decreto incluye la paralización desahucios de personas vulnerables los dos próximos años, el tope del 2% a renovación con IPC y la renovación automática de contratos de alquiler que acaban ahora hasta 2028, entre otras medidas como equiparar el alquiler de habitaciones y el turístico a la LAU.

El puzle es complejo. A la izquierda, socios como Esquerra o Podemos trataban de estirar hasta última hora estas medidas aún más. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha tachado de "tomadura de pelo" el decreto de vivienda y se ha mostrado en contra de trocear medidas en varios textos. También ha subrayado que si el Ejecutivo al final aprueba un "parche" está dispuesto a pedir que se retire.

Incluso Sumar, que aceptada las posiciones de Junts, a 24 horas de la reunión en Moncloa ya advertía de que un posible acuerdo con los socialistas seguía "muy lejos".

El socio minoritario de la coalición busca incluir una protección completa frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada o atajar la expansión de los pisos turísticos. "No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", advierten.

Muchas de las medidas que el Gobierno quiere aprobar ya estaban en el borrador del real decreto ley que se aplazó en julio, precisamente después de que el Gobierno constatara la falta de apoyo parlamentario. Ahora, Moncloa trabaja por cerrar un acuerdo con sus socios de investidura que se centre en diez puntos.

Estabilización de los contratos de alquiler
Entre ellos, se incluye la protección ante los desahucios "para que no haya una sola Maricarmen más", subrayan desde el Ejecutivo, en referencia a la vecina de Madrid de 87 años desahuciada de la vivienda de renta antigua donde residía. Prohibición de la "compra especulativa" a los fondos de inversión; Estabilización de los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas "abusivas", así como al conjunto de la población frente a las renovaciones.

El borrador, que lleva desde la semana pasada bajo una constante reescritura, incluye también la regulación del alquiler de temporada con el objetivo de acabar con el "fraude en los contratos de corta duración", señala el Ministerio de Vivienda; y también elevar el IVA a los pisos turísticos "para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación".

Para atraer el apoyo de formaciones como Junts, Moncloa propone bonificaciones fiscales para los inquilinos con el objetivo de rebajar el esfuerzo económico "de manera inmediata"; También bonificaciones fiscales los caseros que bajen el precio del alquiler, a fin de incentivar un descenso de este indicador. Ayudas a la compra de la primera vivienda, específicamente para las personas que no pueden costear la entrada a un piso. Y también una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente porque entienden que la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible.

Este borrador incluye el blindaje del parque estatal de vivienda. "Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores", apuntan desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

La "responsabilidad" de los grupos parlamentarios
Pero pese a que PSOE y Sumar han mostrado ahínco en buscar un amplio consenso, no tiene aún los votos atados para su convalidación en el Congreso. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido durante un acto organizado por 'Expansión' y KPMG "responsabilidad" a los grupos parlamentarios.

"Es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación. Estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro".

De hecho, Sumar ha renunciado a una de las medidas que reivindicó al retomarse las negociaciones para el decreto ley, la expropiación del piso de Maricarmen, ahora en manos de la empresa Urbagestión, para devolvérselo a ella.

El ala socialista del Gobierno no recogió el guante de esta propuesta y fuentes del socio minoritario en el Ejecutivo avanzaron este lunes que el decreto no incluirá la expropiación. En concreto, Sumar ha descartado que esa medida se incluya en el decreto que se aprobará este martes, pero ha matizado que lo negociarán más adelante.

Diferencias en el Gobierno
Uno de los principales escollos en las negociaciones con el Gobierno residían en delimitar el alcance de la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año.

Desde Sumar se pedía que la prórroga sea automática y se extienda dos años, mientras que el PSOE, según fuentes del socio menor del Ejecutivo, defendía extenderla sólo a uno. Esas mismas fuentes apostillan que los socialistas tampoco quieren regular el alquiler de habitaciones en el decreto, que era otra exigencia de los plurinacionales.

Sobre propuestas para conceder bonificaciones fiscales a los caseros, una medida que exige Junts para sumar su apoyo al decreto, fuentes de la formación de Yolanda Díaz las han tachado de "ineficaces", pero se han mostrado abiertos a aceptarlas ante la difícil aritmética parlamentaria y la importancia que tienen los votos de los catalanes.

Los desahucios, responsabilidad de la administración
Junts, por su parte, propuso al Gobierno detener los desahucios cuando la propiedad sea de un fondo de inversión. En el caso de un pequeño propietario, el partido de Carles Puigdemont pide que sea la administración quien se ocupe de compensar las pérdidas económicas.

Insisten en que estos gastos no pueden recaer en un particular cuando se pagan impuestos. Por otra parte, los independentistas catalanes se sumaron a la propuesta que los fondos no puedan comprar vivienda de manera temporal. Señalan que esto beneficia que pueda ser la administración quien los compre, y prevén que esto se traduciría en un equilibrio de los precios.

Prórroga de los contratos vigentes
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas, la organización que está detrás de las protestas en la Puerta del Sol, presiona al Gobierno para que el decreto incluya la renovación automática de todos los contratos de alquiler, para que pasen a ser indefinidos; medidas estructurales para frenar los desahucios; congelación de las actualizaciones del IPC de los precios del alquiler; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que regule los alquileres de temporada y por habitaciones y prórrogas efectivas de los contratos vigentes. De no ser así, avisan, "no aceptaremos un decreto-farsa" y amenazan con continuar las movilizaciones.

Ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez con la vivienda disparada
Los precios en el mercado de la vivienda no han parado de subir desde que Pedro Sánchez entró en el Gobierno en junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Las iniciativas del Ejecutivo que comenzaron con volver a contratos de arrendamiento de larga duración de cinco años, más prórrogas, tras cinco años de contratos de solo tres años con el PP, se amplió con las medidas económicas y sociales durante la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, como la interrupción de los desahucios a inquilinos vulnerables.

En marzo de 2022, el Gobierno volvió a aplicar límites a la subida de las rentas del alquiler permanente con la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. Todas estas medidas temporales quedaron plasmadas de forma permanente en la Ley Estatal por el Derecho de Vivienda, la norma estrella del actual Gobierno, que entró en vigor en mayo de 2023, durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas y pocos meses antes de las últimas elecciones generales.

Una ley que desde entonces se ha demostrado que no han servido para revertir la situación, sino todo lo contrario, la ha agravado en muchas ocasiones, con regulaciones que han puesto e foco en culpabilizar al propietario de vivienda, sin distinguir entre grandes y pequeños tenedores en algunas de las medidas aplicadas.

La creación de las zonas de mercado residencial tensionado, que limitan las subidas de los precios de los arrendamientos, ha llevado a muchos propietarios a desvincularse de la LAU para pasarse a los alquileres de temporada, que quedaron fuera de legislación de la LAU y de la propia Ley de Vivienda. Además, se creó un ambiente de inseguridad jurídica, por lo que muchos caseros decidieron quitar su vivienda del mercado del alquiler tradicional.

Esta combinación de factores ha supuesto una bajada destacada del nivel de stock de vivienda en alquiler en estos últimos años, sobre todo en aquellas ciudades que han aplicado las zonas de mercado tensionado. Presionados por la alta demanda, con jóvenes que quieren emanciparse, población inmigrante que llega a España es busca de una oportunidad de trabajo y futuro y otros muchos inquilinos a los que se les acaba el contrato y se encuentran con subidas desproporcionadas, cuando salen al mercado en busca de piso se encuentran con precios ha hecho aumentar los precios de las viviendas en alquiler en el mercado.

Con todo esto, el precio medio del alquiler en el mes de agosto, el último dato publicado por el informe de precios de idealista, cerró con una subida interanual del 5,8% en España para se establece en 15,1 euros/m2/mes de media. Un dato que supone un incremento del 0,8% en tasa trimestral mientras que el precio ha bajado un 0,9% respecto al último mes. Entre junio de 2018 y agosto de 2026, el precio medio de la vivienda de alquiler en el mercado se ha disparado un 45,3%.

La evolución de los precios de los alquileres en estos algo más de ocho años ha sido mucho mayor en algunas capitales de provincia, con más del doble en Alicante y muy cerca de hacerlo en Valencia. Con más de un 80% de subida aparecen capitales como Guadalajara (88,5%), Segovia (85%), Ávila (82,2%), Castellón de la Plana (82,1%) o Zamora (80,7%). Entre las principales ciudades españolas, junto a Alicante o Valencia, aparecen los destacados incrementos en Málaga (73%), Palma (62,5%), Murcia (59,8%), Zaragoza (54,7%), Madrid (50,7%), Sevilla (41,7%) y Barcelona (23,5%), la capital donde menos ha subido el precio de las rentas de toda España, junto a San Sebastián (25,4%) y Bilbao (32,5%).
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/09/28/916123-el-gobierno-negocia-un-nuevo-decreto-de-vivienda-con-los-precios-en-maximos
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