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Los socios de Gobierno se enzarzan por las medidas en vivienda del decreto por la guerra en Irán
Fecha Publicación: 19/03/2026
 
La incertidumbre sobre qué medidas va a incluir el decreto para limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio es máxima. A falta de menos de 48 horas de que el Consejo de Minisitros apruebe en una reunión extraordinaria el paquete de medidas, los socios de Gobierno tienen visiones contrarias sobre si el texto definitivo incluirá o no medidas en vivienda.

Mientras las ministras de Hacienda y Vivienda descartan una nueva moratoria antidesahucios o la prórroga de los contratos de alquiler, la de Sanidad da por sentado que habrá medidas en vivienda, como solicitan Sumar y otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC y Bildu. La única medida que se estaría planteando el PSOE es limitar al 2% la actualización del precio de los arrendamientos, aunque todavía no hay confirmación oficial de si irá en el decreto, o si podría plantearse más adelante, si la situación bélica empeora.

En los últimos días, desde el partido mayoritario del Ejecutivo han insistido en que el objetivo es que el decreto tenga un consenso en el Congreso de los Diputados, donde se votará la próxima semana, para que pueda ponerse en marcha cuanto antes. Esto dejaría fuera medidas como una nueva suspensión de los desahucios de familias vulnerables por impago del alquiler o la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen este año. Unas medidas que han pedido de forma insistente en los últimos días Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG, pero que no cuentan con los suficientes apoyos parlamentarios.

Esta idea es la que han defendido en las últimas horas tanto la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dejado entrever que el decreto no incluirá ninguna de esas dos medidas.

"Incorporaremos las medidas que cuenten con consenso [...] "No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico", ha afirmado Montero en los pasillos del Congreso, al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.

La vicepresidenta ha recordado que ya se ha intentado hasta dos veces aprobar un decreto con un escudo social que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables, pero que en ambas ocasiones ha decaído por los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que continúan las negociaciones con PNV y Junts para ultimar las medidas que incluirá el decreto, de modo que si finalmente incluye iniciativas en vivienda cuenten con el apoyo de estos partidos. No obstante, conviene recordar que el partido catalán ha sido uno de los partidos que se opuso a mantener la moratoria antidesahucios en 2026 -medida que se aprobó en pandemia y que se ha ido prorrogando año tras año-, mientras que la formación vasca ha desaconsejado tanto su potencial nueva prórroga como la de los contratos de alquiler que vencen este año.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confesado que desconocen el contenido íntegro del texto que va a aprobar el Consejo de Ministros, y ha insistido en que si no hay consenso suficiente para incorporar dichas medidas relacionadas con la vivienda "es mejor no jugar a la ruleta rusa cuando tenemos medidas tan importantes y una necesidad de aprobar para hacerle frente a esta crisis que se nos viene encima".

Por otro lado, el Gobierno no descarta incorporar medidas propuestas por el PP, pero será porque coincidan con las suyas, no porque las hayan negociado con el primer partido de la oposición.

Los cruces de declaraciones no han quedado ahí. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que "seguro" que el decreto ley incluirá medidas de vivienda, ya que sería "inconcebible" que Gobierno pretenda proteger a los ciudadanos y no lo haga ante "la mayor vulnerabilidad a la que se enfrentan los ciudadanos, que es la vivienda".

"Necesitamos un escudo social que proteja realmente a la sociedad y a los ciudadanos. Y si la mayor preocupación y la mayor vulnerabilidad de nuestro país está en la vivienda, en tanto que el 40% o el 50% de los sueldos de los españoles está yendo por el sumidero de la especulación de la vivienda, tenemos que proteger la vivienda", ha recalcado la ministra.

Poco después, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha contestado a Mónica García: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo".

Quien tampoco ha aclarado qué medidas incluirá el decreto es el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha dado a entender que el plan integral tendrá medidas de vivienda, aunque no lo ha descartado claramente y ha remarcado que se trata de un área prioritaria y una preocupación compartida con sus socios de Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha recordado que la prohibición de los desahucios a personas vulnerables se ha rechazado ya en dos ocasiones en la Cámara Baja, y admite que no sabe si el Gobierno presentará únicamente ese decreto o traerá más paquetes de medidas.

El probable tope de la actualización de los alquileres
Una medida en vivienda que sí contempla el PSOE es la posibilidad de topar al 2% la actualización del precio de los alquileres residenciales firmados antes del 26 de mayo de 2023, fecha en la que entró en vigor la Ley de Vivienda.

El tope a los alquileres no es una novedad para este Gobierno. Entre 2022 y 2024, ya se aplicaron límites a las subidas anules vigentes por contrato en los arrendamientos de vivienda permanente, que fue del 2% durante 2022 y 2023 y de un 3% en 2024. Una medida que se puso en marcha a raíz de la guerra en Ucrania.

A partir de 2025, se aplican dos índices para la renovación anual de los contratos de alquiler, en función de la fecha de la firma del contrato. Si es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, 26 de mayo de 2023, la actualización anual se regirá por el IPC, de forma general, o lo que conste en dicho contrato. Si, por el contrario, se firmó tras esa fecha, se aplicará el nuevo Índice de Referencia de Alquileres (IRAV) que publica el INE todos los meses. En febrero cerró al 2,16%, mientras que el IPC definitivo el mes pasado alcanzó una tasa del 2,3%.

Las medidas más 'claras' del decreto
Fuentes del Gobierno han reconocido que el plan de respuesta al conflicto bélico en Oriente Medio contendrá ayudas a renovables, pero que no se contemplan ayudas fiscales en productos de alimentación por la vuelta a las reglas fiscales europeas, que dan menos margen de gasto al Gobierno en comparación con las que se tomaron para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Además, subrayan que la Comisión Europea se muestra reticente a tocar la fiscalidad de los carburantes, a aprobar ayudas de Estado y a activar las llamadas 'cláusulas de escape nacionales', que son exenciones fiscales a las que los países pueden acogerse en circunstancias excepcionales.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado a TVE que el texto sí contará con medidas destinadas a incentivar el autoconsumo energético y las comunidades energéticas, así como la electrificación con las bombas de calor. Y no descarta medidas sobre la fiscalidad del recibo de la luz, como el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En cambio, no se espera es una bonificación en el precio del combustible similar a la que se adoptó durante la crisis de Ucrania, cuando se redujo en 20 céntimos el precio del litro. Según la ministra, la medida "no era progresiva, sino regresiva", y "no tuvo el impacto deseado". En este caso, parece que las actuaciones estarán enfocadas únicamente en ayudar a sectores como el agrario o los transportes.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/03/19/889352-los-socios-de-gobierno-se-enzarzan-por-las-medidas-en-vivienda-del-decreto-por-la
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