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Asval: “No hay visos de que se vaya a levantar la moratoria antidesahucios”
Fecha Publicación:
06/11/2025
Los propietarios temen que se prolongue un año más la prórroga de los desahucios por impago del alquiler de familias vulnerables. Una medida que ya lleva cinco años en vigor y que el Gobierno podría ampliar en 2026."No hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar", ha afirmado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha pedido "mejorar la protección de la propiedad privada" para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler.La directiva de la asociación asegura que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar. "Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler", ha recalcado Fernández. La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, yexpira el próximo 31 de diciembre, aunque cabe la posibilidad de que el Gobierno vuelva a ampliar su vigencia. Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). Los propietarios de momento tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.Podemos quiere hacer la moratoria permanenteLa secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado esta semana que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente.En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha detallado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria y que se incluyan en ella a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona "que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda". Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) pide la derogación urgente de la moratoria, a la que considera la “causante de la protección legal de los inquiokupas, que ante la inacción y dejadez de las responsabilidades de las administraciones públicas se aprovechan de la tesitura de considerarse personas vulnerables, aunque no sea cierto en muchos casos, y se perpetúan en viviendas que no son de su propiedad”. Dichas viviendas, añade la plataforma en un comunicado, “pertenecen en un 93% de los casos a familias trabajadoras y pensionistas que las tienen en alquiler como apoyo a su economía familiar y que necesitan dichos ingresos para su subsistencia”.Según la PAO, “la legislación actual y las administraciones públicas derivan la responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a los propietarios o afectados por la ocupación e inquiocupación, quienes deben soportar la presencia de personas que, ya sea por necesidad, por fraude o por pertenecer a mafias que aprovechan la lentitud de los procesos, se niegan a abandonar las viviendas. Injusticias que provoca la propia vía judicial al tratarse de procesos largos, caros y sin consecuencias materiales para los okupas. Y concluye que son las Administraciones Públicas las que deben responder y dotar de “alternativa habitacional a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no disponen de vivienda. En caso de no ser posible, por falta de vivienda pública disponible, las AAPP deberán buscar otras soluciones que aseguren el acceso a una vivienda digna a través de seguridad jurídica para los propietarios y recursos para las familias vulnerables, eliminando de esta ecuación a los miles de inquiocupas que se aprovechan de la legislación actual para vivir a costa de familias trabajadoras y pensionistas”.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/11/05/870930-asval-no-hay-visos-de-que-se-vaya-a-levantar-la-moratoria-antidesahucios
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